Xalapa, Ver.- Al igual que lo han dicho los demás integrantes del gabinete estatal, el coordinador General de Comunicación Social, Elías Assad Danini, manifestó que siguen en el proceso de entrega-recepción al interior de la dependencia, analizando la información recibida en búsqueda de irregularidades que en su momento darán a conocer y procesarán con denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dijo que no sólo han detectado irregularidades ligadas a empresas fastasma, sino que abarcan el otorgamiento de millonarios contratos a corporativos que nadie conoce o a medios de comunicación con poca o nula presencia, durante el periodo de Gina Domínguez Colío o del ahora diputado federal, Alberto Silva Ramos.
“Siguiendo indicaciones del gobernador Yunes, nos dimos a la tarea de investigar todos estos convenios, de las facturas, que estuvieran respaldadas, las que no están, se están analizando a profundidad para en el momento dado presentar las denuncias”, comentó Assad Danini al abundar qué hay dos despachos haciendo las auditorías.
Sobre si pedirían a la FGE que solicite el desafuero del legislador, Alberto Silva Ramos, en caso de que se le denuncie por dichas irregularidades, dejó entrever que sí lo harán.
Y es que puso como ejemplo dos empresas llamadas “Comercial Patrol” y “PC Comunicación”, a la que se les facturaron 6 millones 264 mil pesos y 19 millones de pesos, respectivamente. “Seguimos investigando y el proceso nos da unos días más”, incluyendo en el análisis los seis años de la administración anterior.
Sobre la reunión que sostendría con los diputados locales, acotó que propondrá una disminución del 20 por ciento de los 70 millones de pesos que le aprobaron para 2017, destacando ese monto no es ni el 4 por ciento de lo que ejerció Domínguez Colío que superó los mil 500 mdp.
Elías Assad Danini negó que la reestructuración en la CGCS incluya el despido de personal, afirmando que siguen laborando los 200 trabajadores que estaban cuando asumió el cargo. “Hay muchísimos gastos que no tienen razón de ser”, citando el caso de la renta de dos pisos en la Torre El Olmo por un pago mensual de 140 mil pesos cada uno.
En ese sentido, dijo que ya desocuparon un piso y están negociando con los dueños del edificio la rescisión del contrato y ahorrar ese dinero, por lo que los trabajadores fueron reubicados en la “sala de prensa” del Palacio de Gobierno.
Dijo que no sólo han detectado irregularidades ligadas a empresas fastasma, sino que abarcan el otorgamiento de millonarios contratos a corporativos que nadie conoce o a medios de comunicación con poca o nula presencia, durante el periodo de Gina Domínguez Colío o del ahora diputado federal, Alberto Silva Ramos.
“Siguiendo indicaciones del gobernador Yunes, nos dimos a la tarea de investigar todos estos convenios, de las facturas, que estuvieran respaldadas, las que no están, se están analizando a profundidad para en el momento dado presentar las denuncias”, comentó Assad Danini al abundar qué hay dos despachos haciendo las auditorías.
Sobre si pedirían a la FGE que solicite el desafuero del legislador, Alberto Silva Ramos, en caso de que se le denuncie por dichas irregularidades, dejó entrever que sí lo harán.
Y es que puso como ejemplo dos empresas llamadas “Comercial Patrol” y “PC Comunicación”, a la que se les facturaron 6 millones 264 mil pesos y 19 millones de pesos, respectivamente. “Seguimos investigando y el proceso nos da unos días más”, incluyendo en el análisis los seis años de la administración anterior.
Sobre la reunión que sostendría con los diputados locales, acotó que propondrá una disminución del 20 por ciento de los 70 millones de pesos que le aprobaron para 2017, destacando ese monto no es ni el 4 por ciento de lo que ejerció Domínguez Colío que superó los mil 500 mdp.
Elías Assad Danini negó que la reestructuración en la CGCS incluya el despido de personal, afirmando que siguen laborando los 200 trabajadores que estaban cuando asumió el cargo. “Hay muchísimos gastos que no tienen razón de ser”, citando el caso de la renta de dos pisos en la Torre El Olmo por un pago mensual de 140 mil pesos cada uno.
En ese sentido, dijo que ya desocuparon un piso y están negociando con los dueños del edificio la rescisión del contrato y ahorrar ese dinero, por lo que los trabajadores fueron reubicados en la “sala de prensa” del Palacio de Gobierno.
Formato 7
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