Ciudad de México.- Dice la Secretaría de la Defensa Nacional que el 75 por ciento de las actividades de producción, almacenaje y venta de pirotecnia en el País se desarrolla en la clandestinidad, y uno se pregunta: ¿y si lo saben, porque no actúan en contra de esas personas, a sabiendas de que se trata de un delito que, además, pone en riesgo sus propias vidas y la de los demás?
SeDeNa es la dependencia encargada de regular en la materia y de otorgar permisos con vigencia anual -y posibilidad de revalidación- o suspenderlos.
Según datos de la Subsección de Artificios Pirotécnicos, por un giro autorizado o en regla, existen cuatro en la clandestinidad.
Elsa Urbán, quien ha sido representante de los comerciantes de Tultepec, dice que “con los accidentes, la Sedena ha puesto mayor atención y ahora se tiene que pedir permiso no sólo para fabricar o vender, sino para quemar castillos o eventos de mayordomía”.
Las zonas militares están obligadas a realizar por lo menos dos visitas de inspección al año a mercados como el de San Pablito, donde una explosión —el martes— ha dejado hasta ahora 35 muertos y 59 heridos.
La primera visita para verificar medidas de seguridad, y la segunda con el fin de determinar si hay condiciones para revalidar el permiso. Y ahora se investiga ya si las inspecciones fueron realizadas en San Pablito. Conforme a los registros de la Secretaría, en sitios ilegales se multiplica el riesgo, porque carecen de protocolos para manejo de sustancias y elaboración de explosivos. Entre permisionarios, las causas de accidentes refieren descuidos personales o exceso de humedad, calor o suciedad.
Los permisos cuentan con cuatro apartados: aspectos generales, administrativos, técnicos y de seguridad. La Sedena está facultada para controlar y vigilar instalaciones y material pirotécnico manejado por un permisionario, pero no para supervisar la calidad y pureza de las sustancias químicas utilizadas en los procesos de manufactura.
El mercado de San Pablito sí contaba con un permiso general para realizar actividades de venta de pirotecnia, pero hasta ahora se desconoce si todos los locatarios –como se marca en los criterios militares- habían acudido a la zona militar correspondiente para tramitar un permiso extraordinario que abarcara aspectos como cantidad de venta y almacenaje. La conformidad de autoridades municipales y la opinión del gobernador en turno son requisitos indispensables para solicitar un permiso general ante la Dirección de Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena.
Sin embargo, según la institución, se han detectado casos en los cuales se vende pirotecnia sólo con la conformidad municipal y sin considerar el permiso militar. En algunas investigaciones se documentó corrupción por parte de autoridades locales, quienes engañan a los coheteros o vendedores: les piden dinero por un documento, con el cual —dicen— ya no requieren el permiso de la Sedena.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sólo permite a los fabricantes vender a particulares hasta 10 kilos de producto y advierte que éstos deben ser para consumo personal, no para reventa. La PGR es la encargada de integrar las indagatorias por violaciones a la normas, las cuales pueden terminar en penas de hasta 30 años de cárcel.
A la par, la Sedena está autorizada para imponer multas de entre 100 y 200 salarios mínimos, según las irregularidades cometidas por permisionarios o coheteros fuera de registro.
Gobernantes
SeDeNa es la dependencia encargada de regular en la materia y de otorgar permisos con vigencia anual -y posibilidad de revalidación- o suspenderlos.
Según datos de la Subsección de Artificios Pirotécnicos, por un giro autorizado o en regla, existen cuatro en la clandestinidad.
Elsa Urbán, quien ha sido representante de los comerciantes de Tultepec, dice que “con los accidentes, la Sedena ha puesto mayor atención y ahora se tiene que pedir permiso no sólo para fabricar o vender, sino para quemar castillos o eventos de mayordomía”.
Las zonas militares están obligadas a realizar por lo menos dos visitas de inspección al año a mercados como el de San Pablito, donde una explosión —el martes— ha dejado hasta ahora 35 muertos y 59 heridos.
La primera visita para verificar medidas de seguridad, y la segunda con el fin de determinar si hay condiciones para revalidar el permiso. Y ahora se investiga ya si las inspecciones fueron realizadas en San Pablito. Conforme a los registros de la Secretaría, en sitios ilegales se multiplica el riesgo, porque carecen de protocolos para manejo de sustancias y elaboración de explosivos. Entre permisionarios, las causas de accidentes refieren descuidos personales o exceso de humedad, calor o suciedad.
Los permisos cuentan con cuatro apartados: aspectos generales, administrativos, técnicos y de seguridad. La Sedena está facultada para controlar y vigilar instalaciones y material pirotécnico manejado por un permisionario, pero no para supervisar la calidad y pureza de las sustancias químicas utilizadas en los procesos de manufactura.
El mercado de San Pablito sí contaba con un permiso general para realizar actividades de venta de pirotecnia, pero hasta ahora se desconoce si todos los locatarios –como se marca en los criterios militares- habían acudido a la zona militar correspondiente para tramitar un permiso extraordinario que abarcara aspectos como cantidad de venta y almacenaje. La conformidad de autoridades municipales y la opinión del gobernador en turno son requisitos indispensables para solicitar un permiso general ante la Dirección de Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena.
Sin embargo, según la institución, se han detectado casos en los cuales se vende pirotecnia sólo con la conformidad municipal y sin considerar el permiso militar. En algunas investigaciones se documentó corrupción por parte de autoridades locales, quienes engañan a los coheteros o vendedores: les piden dinero por un documento, con el cual —dicen— ya no requieren el permiso de la Sedena.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sólo permite a los fabricantes vender a particulares hasta 10 kilos de producto y advierte que éstos deben ser para consumo personal, no para reventa. La PGR es la encargada de integrar las indagatorias por violaciones a la normas, las cuales pueden terminar en penas de hasta 30 años de cárcel.
A la par, la Sedena está autorizada para imponer multas de entre 100 y 200 salarios mínimos, según las irregularidades cometidas por permisionarios o coheteros fuera de registro.
Gobernantes
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