Ciudad de México.- Durante el foro “Alternativas para una seguridad no militarizada en México”, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, expertos sostuvieron que la legitimidad de las Fuerzas Armadas podría acabarse de no regularse el uso de su fuerza.
El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena), promovente del evento, indicó que cuando las policías locales no son confiables la alternativa es el Ejército; sin embargo, no hay evidencia de que con su entrada en las calles las cosas mejoren y, sin embargo, se cree que es necesario legalizar sus funciones y darles atribuciones que la autoridad civil debe hacer.
Comentó que “la transparencia y rendición de cuentas no avanza en seguridad pública”, ya que existe una partida para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación que “todos los años comienza con 100 millones de pesos (mdp) y termina con cerca de 9 mil 500 mdp”.
La partida se denomina “Seguridad pública y nacional”, y cuando pedimos información sobre ella no la dan, es decir, “hay una partida secreta de 9 mil 500 mdp que no sabemos en qué se usa y que no la aprueban los diputados, ya que se destina a lo largo del año”, añadió.
La transparencia, que sin duda ha avanzado en áreas de la administración pública, no avanza en el tema de seguridad, esto es una excepción. “Las revisiones que realiza la Auditoria Superior de la Federación no se conocen, el gasto público no se evalúa, aunado a que según cálculos gastamos cerca de un punto más en el PIB que antes”.
Consideró que se requiere un debate en la materia, porque “no podemos aprobar iniciativas que den más atributos a la militarización de las calles. Antes debe existir una discusión, en el sentido de crear políticas de prevención y combate a la seguridad, tener policías capacitados y certificados”.
El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) coincidió en que se tiene que evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas, y su inserción en las políticas públicas, que conlleven a determinar si el ciudadano es sujeto de protección en el desarrollo de su actividad cotidiana.
“El foro nos llevará a la reflexión de este tema, los ponentes nos insertarán en una visión integral sobre las políticas públicas que ha impulsado el Estado mexicano, a fin de poder atender el problema de la inseguridad que vivimos los mexicanos y que afecta el desarrollo de las instituciones que son parte del Estado”, acotó.
En la primera mesa titulada “Perspectivas actuales en torno a las políticas en materia de seguridad en México: ¿seguridad nacional o excepcionalidad de los derechos?”, Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó que si bien es cierto que la población legitima ciertas prácticas de las Fuerzas Armadas, éstas podría desaparecer si se amplían sus capacidades o atribuciones.
“No sólo se trata de que exista un marco regulatorio para el uso de la fuerza, sino crear una política incluyente sobre el uso de esa fuerza que implique integrar más elementos, una política que incluya tanto un marco jurídico como reglas claras para su ejecución y control”, enfatizó.
Aseguró que indicadores demuestran que hay alerta en cómo se usa la fuerza letal por parte de las fuerzas militares, ya que, en 2013, por 20 civiles o presuntos integrantes de la delincuencia organizada ejecutados, sólo hubo un militar fallecido.
Del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Julio Ríos Figueroa señaló que la acción de las Fuerzas Armadas tiene que ser ejemplar. Si violan principios básicos del Estado de Derecho y de la Constitución, ¿qué diferencia habrá entre los militares y los grupos criminales que ejercen violencia todos los días?, planteó.
Desde su punto de vista, las Fuerzas Armadas requieren herramientas para ganar la batalla de la legitimidad. “Eso es lo más importante, ya que esa legitimidad podría acabarse, debido al uso arbitrario de la fuerza innecesaria o indebida que pudieran realizar”.
Con las propuestas legislativas, que se analizan en las cámaras de Diputados y de Senadores, para legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas dándoles funciones civiles que no les corresponden, sólo regularán ese uso; sin embargo, se necesita una ley de regulación que incluya límites temporales y sustantivos al uso de la fuerza. “No se les deben dar más poderes que no les corresponden, sino fortalecer la Fiscalía General de la República”, estimó.
La académica e investigadora del CIDE, Ximena Medellín Urquiaga, dijo que después de 10 años de actuación de las Fuerzas Armadas en las calles, no se ha minimizado ni disminuido la crisis humanitaria en México. “Hay evidencias para demostrar que se trata de una política fallida. Entonces ¿por qué insistir en esa vía? Eso es todavía más dramático”.
Las Fuerzas Armadas, destacó, están llegando a un punto de tensión institucional orgánica y operativa que no es soportable para una institución castrense; han perdido la relevancia que deberían tener, con una formación e instrucción que corresponda a la naturaleza de sus funciones para beneficiar al país, las cuales no son las que realizan actualmente.
De Lantia Consultores, empresa especializada en el análisis de políticas públicas, Eduardo Guerrero Gutiérrez coincidió en que se debe obligar al Ejército a regular el tiempo que estarán en un lugar y cómo va a ejercer su función, porque el subsidio que se le da a los estados para que entre a las comunidades genera que los gobiernos locales no capaciten a sus policías, porque es más fácil para ellos depender del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada.
Comentó que se tiene que pensar en una legislación que, por un lado, proteja a la ciudadanía de violaciones y abusos a los derechos humanos, pero también que proteja a los soldados. “No podemos ser omisos a las afectaciones que reciben como consecuencia de la delincuencia organizada”.
Durante la segunda mesa “Alternativas a la militarización y excepcionalidad de los derechos: Hacia una agenda de armonización constitucional”, Catalina Pérez Correa, del CIDE, dijo que a 10 años de que se declaró la guerra contra las drogas y al crimen organizado, existen cerca de 280 mil homicidios en el país y el consumo de sustancias ilícitas aumenta, en tanto que los policías continúan sin preparación, lo que genera mayor dependencia en el Ejército.
“Las propuestas apuntan al no retiro de las Fuerzas Armadas, sino a la permanencia de su participación, cuando hay una enorme discrecionalidad en el uso de recursos dirigidos a la profesionalización de policías”, expresó.
Del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendón Cárdenas convino en que existe discrecionalidad en los recursos hacia la seguridad pública, lo que genera que no existan policías que estén a la altura de lo que se requiere. Pero eso no quiere decir que el Ejército debe sustituir sus tareas, precisó.
Ximena Andión Ibáñez, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, comentó que las reformas que se proponen en la materia son inconstitucionales, porque van en contra de los derechos humanos, en lugar de propiciar un balance entre las fuerzas civiles y militares.
El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena), promovente del evento, indicó que cuando las policías locales no son confiables la alternativa es el Ejército; sin embargo, no hay evidencia de que con su entrada en las calles las cosas mejoren y, sin embargo, se cree que es necesario legalizar sus funciones y darles atribuciones que la autoridad civil debe hacer.
Comentó que “la transparencia y rendición de cuentas no avanza en seguridad pública”, ya que existe una partida para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación que “todos los años comienza con 100 millones de pesos (mdp) y termina con cerca de 9 mil 500 mdp”.
La partida se denomina “Seguridad pública y nacional”, y cuando pedimos información sobre ella no la dan, es decir, “hay una partida secreta de 9 mil 500 mdp que no sabemos en qué se usa y que no la aprueban los diputados, ya que se destina a lo largo del año”, añadió.
La transparencia, que sin duda ha avanzado en áreas de la administración pública, no avanza en el tema de seguridad, esto es una excepción. “Las revisiones que realiza la Auditoria Superior de la Federación no se conocen, el gasto público no se evalúa, aunado a que según cálculos gastamos cerca de un punto más en el PIB que antes”.
Consideró que se requiere un debate en la materia, porque “no podemos aprobar iniciativas que den más atributos a la militarización de las calles. Antes debe existir una discusión, en el sentido de crear políticas de prevención y combate a la seguridad, tener policías capacitados y certificados”.
El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) coincidió en que se tiene que evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas, y su inserción en las políticas públicas, que conlleven a determinar si el ciudadano es sujeto de protección en el desarrollo de su actividad cotidiana.
“El foro nos llevará a la reflexión de este tema, los ponentes nos insertarán en una visión integral sobre las políticas públicas que ha impulsado el Estado mexicano, a fin de poder atender el problema de la inseguridad que vivimos los mexicanos y que afecta el desarrollo de las instituciones que son parte del Estado”, acotó.
En la primera mesa titulada “Perspectivas actuales en torno a las políticas en materia de seguridad en México: ¿seguridad nacional o excepcionalidad de los derechos?”, Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó que si bien es cierto que la población legitima ciertas prácticas de las Fuerzas Armadas, éstas podría desaparecer si se amplían sus capacidades o atribuciones.
“No sólo se trata de que exista un marco regulatorio para el uso de la fuerza, sino crear una política incluyente sobre el uso de esa fuerza que implique integrar más elementos, una política que incluya tanto un marco jurídico como reglas claras para su ejecución y control”, enfatizó.
Aseguró que indicadores demuestran que hay alerta en cómo se usa la fuerza letal por parte de las fuerzas militares, ya que, en 2013, por 20 civiles o presuntos integrantes de la delincuencia organizada ejecutados, sólo hubo un militar fallecido.
Del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Julio Ríos Figueroa señaló que la acción de las Fuerzas Armadas tiene que ser ejemplar. Si violan principios básicos del Estado de Derecho y de la Constitución, ¿qué diferencia habrá entre los militares y los grupos criminales que ejercen violencia todos los días?, planteó.
Desde su punto de vista, las Fuerzas Armadas requieren herramientas para ganar la batalla de la legitimidad. “Eso es lo más importante, ya que esa legitimidad podría acabarse, debido al uso arbitrario de la fuerza innecesaria o indebida que pudieran realizar”.
Con las propuestas legislativas, que se analizan en las cámaras de Diputados y de Senadores, para legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas dándoles funciones civiles que no les corresponden, sólo regularán ese uso; sin embargo, se necesita una ley de regulación que incluya límites temporales y sustantivos al uso de la fuerza. “No se les deben dar más poderes que no les corresponden, sino fortalecer la Fiscalía General de la República”, estimó.
La académica e investigadora del CIDE, Ximena Medellín Urquiaga, dijo que después de 10 años de actuación de las Fuerzas Armadas en las calles, no se ha minimizado ni disminuido la crisis humanitaria en México. “Hay evidencias para demostrar que se trata de una política fallida. Entonces ¿por qué insistir en esa vía? Eso es todavía más dramático”.
Las Fuerzas Armadas, destacó, están llegando a un punto de tensión institucional orgánica y operativa que no es soportable para una institución castrense; han perdido la relevancia que deberían tener, con una formación e instrucción que corresponda a la naturaleza de sus funciones para beneficiar al país, las cuales no son las que realizan actualmente.
De Lantia Consultores, empresa especializada en el análisis de políticas públicas, Eduardo Guerrero Gutiérrez coincidió en que se debe obligar al Ejército a regular el tiempo que estarán en un lugar y cómo va a ejercer su función, porque el subsidio que se le da a los estados para que entre a las comunidades genera que los gobiernos locales no capaciten a sus policías, porque es más fácil para ellos depender del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada.
Comentó que se tiene que pensar en una legislación que, por un lado, proteja a la ciudadanía de violaciones y abusos a los derechos humanos, pero también que proteja a los soldados. “No podemos ser omisos a las afectaciones que reciben como consecuencia de la delincuencia organizada”.
Durante la segunda mesa “Alternativas a la militarización y excepcionalidad de los derechos: Hacia una agenda de armonización constitucional”, Catalina Pérez Correa, del CIDE, dijo que a 10 años de que se declaró la guerra contra las drogas y al crimen organizado, existen cerca de 280 mil homicidios en el país y el consumo de sustancias ilícitas aumenta, en tanto que los policías continúan sin preparación, lo que genera mayor dependencia en el Ejército.
“Las propuestas apuntan al no retiro de las Fuerzas Armadas, sino a la permanencia de su participación, cuando hay una enorme discrecionalidad en el uso de recursos dirigidos a la profesionalización de policías”, expresó.
Del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendón Cárdenas convino en que existe discrecionalidad en los recursos hacia la seguridad pública, lo que genera que no existan policías que estén a la altura de lo que se requiere. Pero eso no quiere decir que el Ejército debe sustituir sus tareas, precisó.
Ximena Andión Ibáñez, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, comentó que las reformas que se proponen en la materia son inconstitucionales, porque van en contra de los derechos humanos, en lugar de propiciar un balance entre las fuerzas civiles y militares.
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