Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz recibió un escrito presuntamente firmado por el prófugo gobernador con licencia, Javier Duarte, donde notifica al poder legislativo que desea regresar a su cargo.
El documento señala que Duarte de Ochoa reasumiría funciones, ya que durante el periodo de su ausencia hubo acciones judiciales en su contra lo cual considera inadmisible.
La misiva fue recibida a las 09:40 de este lunes por la presidenta de la Mesa Directiva del congreso Local, María Elisa Manterola Sáenz.
A las 13:00 horas de este día, el documento será presentado a la Junta de Coordinación Política.
En el documento, el gobernador con licencia expone que “a partir de la presente notificación formal enfatizo que dejo sin efecto mi licencia temporal, decisión que solo corresponde al suscrito”.
Duarte de Ochoa dijo que no es ajeno a señalamientos que desmentirá uno a uno en su momento y ante las autoridades correspondientes.
“Tampoco soy ajeno a una serie de hechos acaecido en un marco que riñen con el derecho y que ponen en riesgo a mi familia y mi persona. Exijo jurídicamente las garantías de seguridad que permitan completar mi encargo ciudadano”.
El gobernador con licencia argumentó que “se dice, sin poder haberlo corroborado, que se realizaron acciones de corte penal en el ámbito federal, sin embargo, ello no es jurídicamente posible en tanto la Constitución Política exige que se siga un previo procedimiento para estos efectos, lo que no ha acontecido”.
En su escrito, Duarte de Ochoa se acogió al artículo 111 de la Constitución, y recordó que el régimen de responsabilidades política penal o administrativa, en primera fase se rige por la constitución federal.
“En este orden de ideas, y suponiendo que fuese cierto que se judicializaron acciones penales en mi contra, con base a una extraña y rebuscada interpretación relacionada al fuero constitucional que riñe con lo que sobre el particular ha resuelto el Poder Judicial de la Federación, manifiesto que en su caso las enfrentaré una vez que concluya mi mandato para impedir prosigan persecuciones políticas que reciento y acreditaré”.
Constitucionalmente, el gobernador prófugo de la justicia puede volver a su cargo.
El escrito llega 24 horas después de que la Procuraduría General de la República (PGR) informó del embargo de bienes del mandatario.
La PGR aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades, como resultado de las investigaciones que realiza a Duarte de Ochoa, prófugo desde hace un mes. La indagatoria incluye ‘‘a toda la red de amigos, familiares y ex servidores públicos’’.
La dependencia señaló que las medidas, que forman parte de una estrategia integral en diversos frentes y países, tienen la finalidad de limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los ‘‘recursos ilícitos’’ por parte del ex mandatario y sus presuntos cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia, así como garantizar la restitución del daño patrimonial causado a las familias veracruzanas, en virtud de que dichos recursos estaban destinados a su desarrollo y bienestar social.
Recientemente, la PGR ofreció hasta 15 millones de pesos de recompensa a quienes aporten información veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Duarte, por su probable responsabilidad en delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos que resulten.
Duarte ha sido acusado ante la PGR y la Fiscalía General del Estado por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, a partir de las denuncias presentadas por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. El 25 de octubre, el PRI lo expulsó de manera definitiva de sus filas al considerarlo persona no grata por violar el código de ética y falta de probidad como funcionario.
El documento señala que Duarte de Ochoa reasumiría funciones, ya que durante el periodo de su ausencia hubo acciones judiciales en su contra lo cual considera inadmisible.
La misiva fue recibida a las 09:40 de este lunes por la presidenta de la Mesa Directiva del congreso Local, María Elisa Manterola Sáenz.
A las 13:00 horas de este día, el documento será presentado a la Junta de Coordinación Política.
En el documento, el gobernador con licencia expone que “a partir de la presente notificación formal enfatizo que dejo sin efecto mi licencia temporal, decisión que solo corresponde al suscrito”.
Duarte de Ochoa dijo que no es ajeno a señalamientos que desmentirá uno a uno en su momento y ante las autoridades correspondientes.
“Tampoco soy ajeno a una serie de hechos acaecido en un marco que riñen con el derecho y que ponen en riesgo a mi familia y mi persona. Exijo jurídicamente las garantías de seguridad que permitan completar mi encargo ciudadano”.
El gobernador con licencia argumentó que “se dice, sin poder haberlo corroborado, que se realizaron acciones de corte penal en el ámbito federal, sin embargo, ello no es jurídicamente posible en tanto la Constitución Política exige que se siga un previo procedimiento para estos efectos, lo que no ha acontecido”.
En su escrito, Duarte de Ochoa se acogió al artículo 111 de la Constitución, y recordó que el régimen de responsabilidades política penal o administrativa, en primera fase se rige por la constitución federal.
“En este orden de ideas, y suponiendo que fuese cierto que se judicializaron acciones penales en mi contra, con base a una extraña y rebuscada interpretación relacionada al fuero constitucional que riñe con lo que sobre el particular ha resuelto el Poder Judicial de la Federación, manifiesto que en su caso las enfrentaré una vez que concluya mi mandato para impedir prosigan persecuciones políticas que reciento y acreditaré”.
Constitucionalmente, el gobernador prófugo de la justicia puede volver a su cargo.
El escrito llega 24 horas después de que la Procuraduría General de la República (PGR) informó del embargo de bienes del mandatario.
La PGR aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades, como resultado de las investigaciones que realiza a Duarte de Ochoa, prófugo desde hace un mes. La indagatoria incluye ‘‘a toda la red de amigos, familiares y ex servidores públicos’’.
La dependencia señaló que las medidas, que forman parte de una estrategia integral en diversos frentes y países, tienen la finalidad de limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los ‘‘recursos ilícitos’’ por parte del ex mandatario y sus presuntos cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia, así como garantizar la restitución del daño patrimonial causado a las familias veracruzanas, en virtud de que dichos recursos estaban destinados a su desarrollo y bienestar social.
Recientemente, la PGR ofreció hasta 15 millones de pesos de recompensa a quienes aporten información veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Duarte, por su probable responsabilidad en delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos que resulten.
Duarte ha sido acusado ante la PGR y la Fiscalía General del Estado por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, a partir de las denuncias presentadas por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. El 25 de octubre, el PRI lo expulsó de manera definitiva de sus filas al considerarlo persona no grata por violar el código de ética y falta de probidad como funcionario.
La Jornada
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