Veracruz.- Otro fraude del gobierno de Javier Duarte de Ochoa al descubierto. Y es que se ha conocido que pagó más de 9 millones de pesos por la realización de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para mujeres embarazadas, que resultaron inservibles al dar resultados falsos. Tales estudios formaban parte del Programa de Salud Maternal y Perinatal para la determinación de anticuerpos en suero y plasma, o suero, plasma y sangre total anti VIH1 y VIH2.
Aunque se presentó una denuncia penal interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 2014 y notificada a la Contraloría General del Estado, porque funcionarios de la Secretaría de Salud y Asistencia adquirieron en una licitación pública el lote de pruebas y la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud detectó que daban falsos positivos y negativos, por lo que ordenó a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardarlas para que el proveedor las recogiera y las repusiera, tal empresa, Comercio y Servicios Administrativos del Golfo S.A. de C.V. solo simuló la reposición y nada más cambió las cajas de empaque, pero tenían el mismo número de lote de las anteriores. Se asegura que el entonces secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y notificó los hechos a la Contraloría General del Estado.
El 30 de diciembre de 2011, en el primer año del gobierno duartista, el área de Servicios de Salud contrató a la empresa que ganó la licitación pública y se le adquirieron 70 mil pruebas rápidas con un precio unitario de 111.45 pesos y un importe total de 7 millones 800 mil pesos, cantidad que, tras agregarle el IVA, llegaba a un total de 9 millones 49 mil pesos. El 30 de julio de 2012, la directora de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz, Irasema Lagunes, generó la circular número 1064/DSP/SPCE/DSR/2012 para solicitar a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardar las pruebas rápidas para facilitar “la tarea del proveedor para recolectaras y reponerlas”.
Meses después, el 11 de diciembre de ese año, el subdirector de Control y Prevención de Enfermedades, Alejandro Escobar, notificó que las pruebas habían sido canjeadas y redistribuidas a las jurisdicciones sanitarias, pero en una tarjeta informativa, el funcionario advirtió que en las jurisdicciones de Cosamaloapan, Xalapa y Córdoba, se presentaron nuevamente inconsistencias en el producto y resultaban inválidas, con falsos negativos e incluso contaban con el mismo número de lote, lo que evidenció sólo un cambio de empaque. Directivos de los hospitales generales de Ciudad Isla y Cosamaloapan, también reportaron falsos positivos, mientras que en Córdoba se reportó que se habían aplicado 10 pruebas rápidas en pacientes seropositivos confirmados pero dieron negativos, por lo que determinaron no distribuir el total.
Así se descubrió que en octubre de 2012, la empresa “repuso” pruebas y al hacer una comparación con los kits proporcionados anteriormente se comprobó que la fecha de caducidad era la misma de las pruebas rápidas enviadas en la primera partida. Pablo Anaya Rivera, entonces secretario de Salud, conoció las irregularidades a través de una tarjeta informativa donde se indicaba que “las pruebas adquiridas en 2011 presentaron defectos y fueron cambiadas por el proveedor y fueron redistribuidas en las 11 jurisdicciones sanitarias en octubre de 2012, no obstante, existe el reporte de que nuevamente las pruebas presentaron fallas y son inválidas”.
A pesar de ello, se comprobó que el lote de pruebas fue pagado. ¿Quién lo autorizó? ¿Obtuvo una ventaja a cambio de ello? ¿Quién cometió el fraude? Preguntas sin respuesta, tres años después del evidente fraude.
Gobernantes
Aunque se presentó una denuncia penal interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 2014 y notificada a la Contraloría General del Estado, porque funcionarios de la Secretaría de Salud y Asistencia adquirieron en una licitación pública el lote de pruebas y la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud detectó que daban falsos positivos y negativos, por lo que ordenó a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardarlas para que el proveedor las recogiera y las repusiera, tal empresa, Comercio y Servicios Administrativos del Golfo S.A. de C.V. solo simuló la reposición y nada más cambió las cajas de empaque, pero tenían el mismo número de lote de las anteriores. Se asegura que el entonces secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y notificó los hechos a la Contraloría General del Estado.
El 30 de diciembre de 2011, en el primer año del gobierno duartista, el área de Servicios de Salud contrató a la empresa que ganó la licitación pública y se le adquirieron 70 mil pruebas rápidas con un precio unitario de 111.45 pesos y un importe total de 7 millones 800 mil pesos, cantidad que, tras agregarle el IVA, llegaba a un total de 9 millones 49 mil pesos. El 30 de julio de 2012, la directora de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz, Irasema Lagunes, generó la circular número 1064/DSP/SPCE/DSR/2012 para solicitar a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardar las pruebas rápidas para facilitar “la tarea del proveedor para recolectaras y reponerlas”.
Meses después, el 11 de diciembre de ese año, el subdirector de Control y Prevención de Enfermedades, Alejandro Escobar, notificó que las pruebas habían sido canjeadas y redistribuidas a las jurisdicciones sanitarias, pero en una tarjeta informativa, el funcionario advirtió que en las jurisdicciones de Cosamaloapan, Xalapa y Córdoba, se presentaron nuevamente inconsistencias en el producto y resultaban inválidas, con falsos negativos e incluso contaban con el mismo número de lote, lo que evidenció sólo un cambio de empaque. Directivos de los hospitales generales de Ciudad Isla y Cosamaloapan, también reportaron falsos positivos, mientras que en Córdoba se reportó que se habían aplicado 10 pruebas rápidas en pacientes seropositivos confirmados pero dieron negativos, por lo que determinaron no distribuir el total.
Así se descubrió que en octubre de 2012, la empresa “repuso” pruebas y al hacer una comparación con los kits proporcionados anteriormente se comprobó que la fecha de caducidad era la misma de las pruebas rápidas enviadas en la primera partida. Pablo Anaya Rivera, entonces secretario de Salud, conoció las irregularidades a través de una tarjeta informativa donde se indicaba que “las pruebas adquiridas en 2011 presentaron defectos y fueron cambiadas por el proveedor y fueron redistribuidas en las 11 jurisdicciones sanitarias en octubre de 2012, no obstante, existe el reporte de que nuevamente las pruebas presentaron fallas y son inválidas”.
A pesar de ello, se comprobó que el lote de pruebas fue pagado. ¿Quién lo autorizó? ¿Obtuvo una ventaja a cambio de ello? ¿Quién cometió el fraude? Preguntas sin respuesta, tres años después del evidente fraude.
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