Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes que reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración, con el objetivo de ampliar el tiempo de estancia de los migrantes en nuestro territorio nacional y fortalecer el respeto de sus derechos humanos, y para que las autoridades del sector tengan la facultad exclusiva de comprobar su situación migratoria.
La reforma a la fracción III del artículo 52 de dicha Ley, avalada con 433 votos y enviada al Senado de la República, aumenta de tres a siete días el permiso de estancia en territorio nacional, que otorga la tarjeta de visitante regional, a los extranjeros o residentes de países vecinos, para ingresar a las regiones fronterizas, con derecho a entrar y salir cuantas veces lo deseen durante estos días.
A su vez, las modificaciones a los artículos 2, 17, 21 Bis, 37, 43, 86 y 148, aprobadas con 426 votos y remitida también al Senado, señalan que las autoridades migratorias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes, en los términos que establece la Constitución Política, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Deberán prevenir, investigar y sancionar las violaciones que se cometan en contra de estas personas.
Asimismo, establece que queda estrictamente prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social y de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Destaca que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá solicitar a las personas comprobar su situación migratoria, ni podrá detenerlas por tener una situación migratoria irregular en el país. Tales facultades corresponden exclusivamente a las autoridades migratorias del Instituto, precisa.
Además, el servidor público que, sin mediar causa justificada o de fuerza mayor, niegue a los migrantes la prestación de los servicios o el ejercicio de los derechos previstos en esta Ley o solicite requisitos adicionales a los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se hará acreedor a una multa de 20 mil Unidades de Medida y Actualización, y la destitución del puesto.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social), presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, estimó que la reforma al artículo 52 tendrá sin duda un efecto económico, en materia de seguridad y de ordenamiento en el tema de migración. Asimismo, permitirá una derrama económica de los visitantes regionales que estén hasta una semana, sostuvo.
Refirió que en 2014 más de un millón 10 mil 330 personas usaron la Tarjeta de Visitante Regional, mientras que, en 2015, más de 792 mil, para visitar y tener permiso en el perímetro de la frontera sur-sureste, sea Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
El legislador explicó que el segundo dictamen que modifica diversos artículos de dicha norma, busca fortalecer a la autoridad migratoria para que sea la que solicite la información que represente en ese momento a los migrantes y que por ningún motivo se considere al migrante como ilegal, criminal o delincuente.
Estimó urgente implementar medidas específicas para las personas que tengan la intención de internarse en territorio nacional con fines de tránsito, que permitan un flujo migratorio mejor regulado, más seguro y, en lo posible, abatir condiciones de vulnerabilidad.
Durante la discusión, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) subrayó que con la ampliación de la permanencia de los migrantes de tres a siete días, se obtendrían beneficios para todos porque se fomenta el turismo, se desarrolla el comercio en la región fronteriza y además se mejora la seguridad para la ciudadanía.
Se pronuncio a favor de los dictámenes porque presuponen una migración ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos con oportunidades para todos, aunque estimo que quedan algunos pendientes al respecto.
La diputada Angélica Reyes Ávila (Nueva Alianza) mencionó que, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a agosto de 2014 se realizaron 130 mil 723 detenciones de extranjeros por su entrada o estancia irregular en el país, de las cuales 91 por ciento fueron ciudadanos de origen centroamericano. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 67.4 de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedió en el sureste del país, principalmente en Veracruz, Tabasco y Chiapas.
En este sentido, dijo, las reformas pretenden hacer más claros los derechos de los migrantes y establecer condiciones más precisas, así como que los usuarios de la Tarjeta de Visitante Regional puedan contar con el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades que requieran en nuestro país.
En su turno, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Movimiento Ciudadano) indicó que desde que se implementó la Tarjeta de Visitante Regional, se han incrementado su solicitud y uso; el año pasado la obtuvieron más de un millón de visitantes. La afluencia de migrantes, continuó, ha generado una derrama económica importante en la zona al haber impulsado y consolidado sectores comerciales gastronómicos, turísticos, de hotelería y de transporte.
Igualmente, consideró que el otro dictamen fortalece la perspectiva de derechos humanos, por lo que se pronunció a favor de dichas reformas y aclaró que estará atento de su correcta implementación por parte de todas las autoridades de nuestro país.
El diputado Miguel Alva y Alva (Morena) se manifestó a favor del respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los migrantes, los cuales se ven reflejados en los dictámenes.
Enfatizó que falta más camino por recorrer para poder blindar los derechos fundamentales de este sector y aclaró que su grupo parlamentario legislará siempre para combatir las violaciones a las garantías de los migrantes y garantizar su tránsito por el país.
Del Verde Ecologista, el diputado Enrique Zamora Morlet sostuvo que la protección de los migrantes debe constituir una tarea prioritaria y permanente de las autoridades federales. “No olvidemos que una buena parte de nuestra población migra hacia Estados Unidos, por lo que debemos respetar a los migrantes de otros países para exigir reciprocidad”, recomendó.
Por otra lado, destacó las bondades de la Tarjeta de Visitante Regional, documento que se verá impactado positivamente con la enmienda; permite el ingreso ilimitado a la frontera sur de México de forma fácil y segura; no tiene costo alguno, tiene una vigencia de cinco años, y contribuye a una frontera más segura, permitiendo un mayor control de entradas y salidas en nuestro país.
Representando al PRD, el diputado Felipe Reyes Álvarez enfatizó que el gran número de migrantes expulsados del país -118 mil centroamericanos el año pasado- exige establecer medidas que neutralicen toda forma de extorsión por parte de los servidores públicos abusivos, quienes niegan el respeto a los derechos de quienes transitan por nuestro territorio.
Recordó que los migrantes “son personas vulnerables, individuos, trabajadores y valientes que fueron forzados a abandonar su tierra y poner en riesgo su persona”, y a pesar de que todos los Estados han aceptado protegerlos “las violaciones a sus derechos no sólo son frecuentes sino que van en aumento”.
De Acción Nacional, la diputada María Luisa Sánchez Meza consideró innegable que México enfrenta un déficit importante en materia de respeto a los derechos de la comunidad migrante, “en completa incongruencia con el respeto a nuestros connacionales que pedimos a los gobiernos extranjeros”.
Por ello, se sumó al llamado para modificar el marco jurídico a fin de evitar que estas personas sean criminalizadas de manera fáctica en territorio nacional, “por autoridades corruptas o hechos que nos alejan de nuestro ideal como nación encaminada a fomentar siempre, y en todo momento, el apego al principio pro persona”.
Por el Revolucionario Institucional, el diputado Álvaro Rafael Rubio lamentó que mujeres migrantes y menores de edad no acompañados, se vean expuestos a secuestros, extorsión, abuso sexual, tortura, extracción de órganos, trata de personas, esclavitud y homicidio por parte de los grupos del crimen organizado.
En tal sentido, subrayó que el fenómeno migratorio representa un reto de creciente importancia para el Estado mexicano, por su relevancia económica y trascendencia social. Estimó que el Poder Legislativo tiene la obligación de actualizar las leyes de acuerdo con la nueva realidad nacional. “Los cambios positivos y duraderos que necesitamos, sólo se pueden lograr con responsabilidad, perseverancia y trabajo conjunto”, concluyó.
La reforma a la fracción III del artículo 52 de dicha Ley, avalada con 433 votos y enviada al Senado de la República, aumenta de tres a siete días el permiso de estancia en territorio nacional, que otorga la tarjeta de visitante regional, a los extranjeros o residentes de países vecinos, para ingresar a las regiones fronterizas, con derecho a entrar y salir cuantas veces lo deseen durante estos días.
A su vez, las modificaciones a los artículos 2, 17, 21 Bis, 37, 43, 86 y 148, aprobadas con 426 votos y remitida también al Senado, señalan que las autoridades migratorias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes, en los términos que establece la Constitución Política, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Deberán prevenir, investigar y sancionar las violaciones que se cometan en contra de estas personas.
Asimismo, establece que queda estrictamente prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social y de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Destaca que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá solicitar a las personas comprobar su situación migratoria, ni podrá detenerlas por tener una situación migratoria irregular en el país. Tales facultades corresponden exclusivamente a las autoridades migratorias del Instituto, precisa.
Además, el servidor público que, sin mediar causa justificada o de fuerza mayor, niegue a los migrantes la prestación de los servicios o el ejercicio de los derechos previstos en esta Ley o solicite requisitos adicionales a los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se hará acreedor a una multa de 20 mil Unidades de Medida y Actualización, y la destitución del puesto.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social), presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, estimó que la reforma al artículo 52 tendrá sin duda un efecto económico, en materia de seguridad y de ordenamiento en el tema de migración. Asimismo, permitirá una derrama económica de los visitantes regionales que estén hasta una semana, sostuvo.
Refirió que en 2014 más de un millón 10 mil 330 personas usaron la Tarjeta de Visitante Regional, mientras que, en 2015, más de 792 mil, para visitar y tener permiso en el perímetro de la frontera sur-sureste, sea Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
El legislador explicó que el segundo dictamen que modifica diversos artículos de dicha norma, busca fortalecer a la autoridad migratoria para que sea la que solicite la información que represente en ese momento a los migrantes y que por ningún motivo se considere al migrante como ilegal, criminal o delincuente.
Estimó urgente implementar medidas específicas para las personas que tengan la intención de internarse en territorio nacional con fines de tránsito, que permitan un flujo migratorio mejor regulado, más seguro y, en lo posible, abatir condiciones de vulnerabilidad.
Durante la discusión, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) subrayó que con la ampliación de la permanencia de los migrantes de tres a siete días, se obtendrían beneficios para todos porque se fomenta el turismo, se desarrolla el comercio en la región fronteriza y además se mejora la seguridad para la ciudadanía.
Se pronuncio a favor de los dictámenes porque presuponen una migración ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos con oportunidades para todos, aunque estimo que quedan algunos pendientes al respecto.
La diputada Angélica Reyes Ávila (Nueva Alianza) mencionó que, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a agosto de 2014 se realizaron 130 mil 723 detenciones de extranjeros por su entrada o estancia irregular en el país, de las cuales 91 por ciento fueron ciudadanos de origen centroamericano. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 67.4 de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedió en el sureste del país, principalmente en Veracruz, Tabasco y Chiapas.
En este sentido, dijo, las reformas pretenden hacer más claros los derechos de los migrantes y establecer condiciones más precisas, así como que los usuarios de la Tarjeta de Visitante Regional puedan contar con el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades que requieran en nuestro país.
En su turno, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Movimiento Ciudadano) indicó que desde que se implementó la Tarjeta de Visitante Regional, se han incrementado su solicitud y uso; el año pasado la obtuvieron más de un millón de visitantes. La afluencia de migrantes, continuó, ha generado una derrama económica importante en la zona al haber impulsado y consolidado sectores comerciales gastronómicos, turísticos, de hotelería y de transporte.
Igualmente, consideró que el otro dictamen fortalece la perspectiva de derechos humanos, por lo que se pronunció a favor de dichas reformas y aclaró que estará atento de su correcta implementación por parte de todas las autoridades de nuestro país.
El diputado Miguel Alva y Alva (Morena) se manifestó a favor del respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los migrantes, los cuales se ven reflejados en los dictámenes.
Enfatizó que falta más camino por recorrer para poder blindar los derechos fundamentales de este sector y aclaró que su grupo parlamentario legislará siempre para combatir las violaciones a las garantías de los migrantes y garantizar su tránsito por el país.
Del Verde Ecologista, el diputado Enrique Zamora Morlet sostuvo que la protección de los migrantes debe constituir una tarea prioritaria y permanente de las autoridades federales. “No olvidemos que una buena parte de nuestra población migra hacia Estados Unidos, por lo que debemos respetar a los migrantes de otros países para exigir reciprocidad”, recomendó.
Por otra lado, destacó las bondades de la Tarjeta de Visitante Regional, documento que se verá impactado positivamente con la enmienda; permite el ingreso ilimitado a la frontera sur de México de forma fácil y segura; no tiene costo alguno, tiene una vigencia de cinco años, y contribuye a una frontera más segura, permitiendo un mayor control de entradas y salidas en nuestro país.
Representando al PRD, el diputado Felipe Reyes Álvarez enfatizó que el gran número de migrantes expulsados del país -118 mil centroamericanos el año pasado- exige establecer medidas que neutralicen toda forma de extorsión por parte de los servidores públicos abusivos, quienes niegan el respeto a los derechos de quienes transitan por nuestro territorio.
Recordó que los migrantes “son personas vulnerables, individuos, trabajadores y valientes que fueron forzados a abandonar su tierra y poner en riesgo su persona”, y a pesar de que todos los Estados han aceptado protegerlos “las violaciones a sus derechos no sólo son frecuentes sino que van en aumento”.
De Acción Nacional, la diputada María Luisa Sánchez Meza consideró innegable que México enfrenta un déficit importante en materia de respeto a los derechos de la comunidad migrante, “en completa incongruencia con el respeto a nuestros connacionales que pedimos a los gobiernos extranjeros”.
Por ello, se sumó al llamado para modificar el marco jurídico a fin de evitar que estas personas sean criminalizadas de manera fáctica en territorio nacional, “por autoridades corruptas o hechos que nos alejan de nuestro ideal como nación encaminada a fomentar siempre, y en todo momento, el apego al principio pro persona”.
Por el Revolucionario Institucional, el diputado Álvaro Rafael Rubio lamentó que mujeres migrantes y menores de edad no acompañados, se vean expuestos a secuestros, extorsión, abuso sexual, tortura, extracción de órganos, trata de personas, esclavitud y homicidio por parte de los grupos del crimen organizado.
En tal sentido, subrayó que el fenómeno migratorio representa un reto de creciente importancia para el Estado mexicano, por su relevancia económica y trascendencia social. Estimó que el Poder Legislativo tiene la obligación de actualizar las leyes de acuerdo con la nueva realidad nacional. “Los cambios positivos y duraderos que necesitamos, sólo se pueden lograr con responsabilidad, perseverancia y trabajo conjunto”, concluyó.
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