Ciudad de México.– El peor momento para la vida de las mujeres mexicanas es el presente.
Entre 1990 y 2011, período utilizado para el estudio que aquí se expone, la tasa de asesinatos por cada 100 mil mujeres muestra que es 2011 el que muestra el dato más elevado en el país.
Las cifras utilizadas se componen a partir de las bases de datos de mortandad la Secretaría de Salud Federal, conjuntos estadísticos integrados mediante las actas de defunción redactadas por los médicos que certifican cada muerte ocurrida en el país.
¿Por qué no utilizar las cifras proporcionadas por las procuradurías de justicia de los estados? Porque en México el índice delictivo es una composición propagandística hecha a la medida de un proyecto político, invariablemente interesado en mostrar un escenario halagüeño a favor del jefe de los procuradores estatales y del federal: los gobernadores y el Presidente de la República.
El Ministerio Público del Estado de México mintió con respecto a la dimensión de los feminicidios en la entidad cuando fue gobernada por Enrique Peña Nieto. La Procuraduría de Justicia del Estado de México presentó datos falsos en su argumentación contra la declaratoria de alerta de género en la entidad.
La reciente tipificación del delito de feminicidio en los diferentes estados del país, incluido el Estado de México, se redactó con la suficiente ambigüedad para que los ministerios públicos resolvieran atender algún caso de asesinato con evidente odio hacia la víctima sólo por ser mujer como un homicidio doloso, homicidio culposo –sin intencionalidad– o hasta suicidio –sin pena para nadie, excepto para la muerta y su familia.
“Que nadie diga que en el Gobierno del jefe se asesinan a las mujeres”, parece ser la consigna entre los jueces y fiscales mexicanos.
Pero los datos acumulados por las Secretarías de Salud federal y de los estados a partir de lo que los registros civiles muestran que las cosas son bastante diferentes a las presumidas en los discursos políticos.
Si bien nada garantiza la ausencia de manipulación política, lo cierto es que por cada muerto conocido existe un acta de defunción que aporta varios detalles de las causas del deceso, incluida la causa y, en teoría, algunas circunstancias del fallecimiento.
Entre 1990 y 2011, período utilizado para el estudio que aquí se expone, la tasa de asesinatos por cada 100 mil mujeres muestra que es 2011 el que muestra el dato más elevado en el país.
Las cifras utilizadas se componen a partir de las bases de datos de mortandad la Secretaría de Salud Federal, conjuntos estadísticos integrados mediante las actas de defunción redactadas por los médicos que certifican cada muerte ocurrida en el país.
¿Por qué no utilizar las cifras proporcionadas por las procuradurías de justicia de los estados? Porque en México el índice delictivo es una composición propagandística hecha a la medida de un proyecto político, invariablemente interesado en mostrar un escenario halagüeño a favor del jefe de los procuradores estatales y del federal: los gobernadores y el Presidente de la República.
El Ministerio Público del Estado de México mintió con respecto a la dimensión de los feminicidios en la entidad cuando fue gobernada por Enrique Peña Nieto. La Procuraduría de Justicia del Estado de México presentó datos falsos en su argumentación contra la declaratoria de alerta de género en la entidad.
La reciente tipificación del delito de feminicidio en los diferentes estados del país, incluido el Estado de México, se redactó con la suficiente ambigüedad para que los ministerios públicos resolvieran atender algún caso de asesinato con evidente odio hacia la víctima sólo por ser mujer como un homicidio doloso, homicidio culposo –sin intencionalidad– o hasta suicidio –sin pena para nadie, excepto para la muerta y su familia.
“Que nadie diga que en el Gobierno del jefe se asesinan a las mujeres”, parece ser la consigna entre los jueces y fiscales mexicanos.
Pero los datos acumulados por las Secretarías de Salud federal y de los estados a partir de lo que los registros civiles muestran que las cosas son bastante diferentes a las presumidas en los discursos políticos.
Si bien nada garantiza la ausencia de manipulación política, lo cierto es que por cada muerto conocido existe un acta de defunción que aporta varios detalles de las causas del deceso, incluida la causa y, en teoría, algunas circunstancias del fallecimiento.
Proceso
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