Ciudad de México.- A partir de que iniciaron las campañas electorales se han recibido entre ocho y nueve denuncias diarias, la mayoría vinculadas a la utilización de programas sociales con fines electorales, principalmente, en Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, informó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, señaló que durante marzo, fecha en que iniciaron las campañas locales en varios estados, se abrieron 88 carpetas de investigación, la mayoría por cambios atípicos de domicilios, turismo electoral.
Y desde el 5 de abril, cuando iniciaron las campañas para diputados federales el concepto de las quejas cambió y la mayoría son contra servidores públicos por condicionar el voto a través de la entrega de programas sociales, tanto federales como locales.
El fiscal electoral advirtió que la Fepade realizará las diligencias conforme a la nueva Ley de Delitos Electorales y la reforma penal acusatoria. En suma, dijo, la severidad de las penas para aquellos servidores públicos, particulares o funcionarios de partido que utilicen recursos públicos para coaccionar el voto sería de entre dos y nueve años de prisión.
Sobre las denuncias del actual proceso electoral, el fiscal mencionó que “en un mes ya superamos las 80 y en este segundo mes vamos a superar sin ningún problema las 200 denuncias que han sido presentadas por los ciudadanos, las ciudadanas, el Instituto Nacional Electoral e, incluso, los partidos políticos y legisladores federales, en torno a temas que consideran que pueden ser violatorios de la normatividad electoral”.
La mayoría de denuncias, afirmó, “los temas van vinculados con el condicionamiento de programas sociales para efecto de buscar el voto a favor de un partido político o candidato. En ese sentido, tenemos denuncias en varias entidades federativas, del uso de programas sociales tanto a nivel federal, como estatal, como municipal”.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, señaló que durante marzo, fecha en que iniciaron las campañas locales en varios estados, se abrieron 88 carpetas de investigación, la mayoría por cambios atípicos de domicilios, turismo electoral.
Y desde el 5 de abril, cuando iniciaron las campañas para diputados federales el concepto de las quejas cambió y la mayoría son contra servidores públicos por condicionar el voto a través de la entrega de programas sociales, tanto federales como locales.
El fiscal electoral advirtió que la Fepade realizará las diligencias conforme a la nueva Ley de Delitos Electorales y la reforma penal acusatoria. En suma, dijo, la severidad de las penas para aquellos servidores públicos, particulares o funcionarios de partido que utilicen recursos públicos para coaccionar el voto sería de entre dos y nueve años de prisión.
Sobre las denuncias del actual proceso electoral, el fiscal mencionó que “en un mes ya superamos las 80 y en este segundo mes vamos a superar sin ningún problema las 200 denuncias que han sido presentadas por los ciudadanos, las ciudadanas, el Instituto Nacional Electoral e, incluso, los partidos políticos y legisladores federales, en torno a temas que consideran que pueden ser violatorios de la normatividad electoral”.
La mayoría de denuncias, afirmó, “los temas van vinculados con el condicionamiento de programas sociales para efecto de buscar el voto a favor de un partido político o candidato. En ese sentido, tenemos denuncias en varias entidades federativas, del uso de programas sociales tanto a nivel federal, como estatal, como municipal”.
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