Toluca, México.- Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) torturó testigos y no preservó la escena del crimen, donde 22 civiles perdieron la vida en el municipio de Tlatlaya, así lo revela la recomendación de La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La PGJEM recibió del ejército a tres sobrevivientes del enfrentamiento, quienes presuntamente eran víctimas de la banda de secuestradores asesinados por el ejército en Tlatlaya.
La Procuraduría mexiquense no consideró la declaración de las tres víctimas sobrevivientes, para esclarecer lo ocurrido, por el contrario, las torturó para que confesaran su relación con algunos de los presuntos delincuentes fallecidos.
El primer día, una de las testigos, cuya identidad no se revela en el informe, fue interrogada en la PGJEM por un abogado de alrededor de 35 años, calvo. El abogado le pidió su contraseña de “Facebook” y luego le dijo que la iban a hacer hablar, que tenía la forma de hacer hablar a la gente sin que se le notaran los golpes.
Esas palabras fueron sucedidas de una tortura de cerca de 30 minutos a cargo del hombre calvo. Le pateó los costados de su cuerpo y la amenazó con hacerle daño a su familia: “No les costaba nada poner sus manos en las armas”, le dijo.
Luego la levantaron del cabello y la sentaron en la silla, preguntándole “quién era el líder de ahí”. Cuando contestaba que no sabía le pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Esa jornada terminó con la amenaza de que no dijera nada, de lo contrario “su hija quedará en un orfanato”.
En la madrugada siguiente, trasladaron a las tres testigos a otro lugar cercano. Metieron a la misma interrogada del día anterior a un baño con tres hombres, quienes le dicen que “ellos hacían hasta que los muertos hablaran”. Le jalaron el cabello, le pegaron en las costillas, y con una bolsa plástica la asfixiaron en nariz y boca sin poderse mover porque le colocaron los brazos y piernas cruzadas por la espalda.
Los interrogadores intercalaban las preguntas con el asfixiamiento durante varios minutos, alrededor de tres veces, hasta que uno dijo “esa vieja se nos va a morir”, según consta en la página 73 de la recomendación.
Luego metieron la cabeza de la testigo en la taza de baño, alrededor de cuatro veces. Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían matado a diez”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestradores.
La tortura finalizó luego de que amenazaron con violarla, momento en el que la testigo “aceptó decir lo que le indicaban y firmó lo que le dieron, sin poder leerlo, y sin abogado presente”.
Durante el tiempo que duró la tortura la testigo estuvo incomunicada y fue hasta que llegó a la Procuraduría General de la República que pudo hablar con su madre.
La CNDH también llamó la atención a la PGJEM por no resguardar adecuadamente la escena del crimen, lo que permitió que algunos cuerpos fueran movidos de ubicación y otros de posición. Además de que “a algunos se les colocaron armas y se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de comunicación, cuya existencia fue referida en los testimonios”, según detalla la comisión en su boletín de prensa.
Hasta el momento las autoridades el Estado de México han afirmado no haber recibido las recomendaciones de la CNDH.
La PGJEM recibió del ejército a tres sobrevivientes del enfrentamiento, quienes presuntamente eran víctimas de la banda de secuestradores asesinados por el ejército en Tlatlaya.
La Procuraduría mexiquense no consideró la declaración de las tres víctimas sobrevivientes, para esclarecer lo ocurrido, por el contrario, las torturó para que confesaran su relación con algunos de los presuntos delincuentes fallecidos.
El primer día, una de las testigos, cuya identidad no se revela en el informe, fue interrogada en la PGJEM por un abogado de alrededor de 35 años, calvo. El abogado le pidió su contraseña de “Facebook” y luego le dijo que la iban a hacer hablar, que tenía la forma de hacer hablar a la gente sin que se le notaran los golpes.
Esas palabras fueron sucedidas de una tortura de cerca de 30 minutos a cargo del hombre calvo. Le pateó los costados de su cuerpo y la amenazó con hacerle daño a su familia: “No les costaba nada poner sus manos en las armas”, le dijo.
Luego la levantaron del cabello y la sentaron en la silla, preguntándole “quién era el líder de ahí”. Cuando contestaba que no sabía le pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Esa jornada terminó con la amenaza de que no dijera nada, de lo contrario “su hija quedará en un orfanato”.
En la madrugada siguiente, trasladaron a las tres testigos a otro lugar cercano. Metieron a la misma interrogada del día anterior a un baño con tres hombres, quienes le dicen que “ellos hacían hasta que los muertos hablaran”. Le jalaron el cabello, le pegaron en las costillas, y con una bolsa plástica la asfixiaron en nariz y boca sin poderse mover porque le colocaron los brazos y piernas cruzadas por la espalda.
Los interrogadores intercalaban las preguntas con el asfixiamiento durante varios minutos, alrededor de tres veces, hasta que uno dijo “esa vieja se nos va a morir”, según consta en la página 73 de la recomendación.
Luego metieron la cabeza de la testigo en la taza de baño, alrededor de cuatro veces. Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían matado a diez”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestradores.
La tortura finalizó luego de que amenazaron con violarla, momento en el que la testigo “aceptó decir lo que le indicaban y firmó lo que le dieron, sin poder leerlo, y sin abogado presente”.
Durante el tiempo que duró la tortura la testigo estuvo incomunicada y fue hasta que llegó a la Procuraduría General de la República que pudo hablar con su madre.
La CNDH también llamó la atención a la PGJEM por no resguardar adecuadamente la escena del crimen, lo que permitió que algunos cuerpos fueran movidos de ubicación y otros de posición. Además de que “a algunos se les colocaron armas y se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de comunicación, cuya existencia fue referida en los testimonios”, según detalla la comisión en su boletín de prensa.
Hasta el momento las autoridades el Estado de México han afirmado no haber recibido las recomendaciones de la CNDH.
Alfadiario
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