TAMBO A POLÍTICOS TRAMPOSOS
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados federal analiza una iniciativa para sancionar con uno y hasta tres años de prisión y multa de cien a 300 veces el salario mínimo, a quien utilice con fines particulares, familiares, corporativos, partidistas y de lucro recursos o programas públicos federales.
Y ojala que también prospere la propuesta de destituir e inhabilitar de uno a tres años para desempeñar otro cargo público a quien cometa el delito de peculado, cuando el monto de lo desviado ilícitamente no exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo.
Mientras que cuando el monto de los fondos usados indebidamente exceda 500 veces el salario mínimo, se plantea imponerles una sanción de tres a 14 años de prisión, multa de 300 a 500 veces el salario mínimo, y destitución e inhabilitación de tres a 14 años para desempeñar otro empleo público.
Desafortunadamente, persiste una añeja tradición de utilizar los recursos públicos para obtener beneficios particulares o partidistas, que ya hasta parece normal que quienes están en el gobierno o tiene acceso a programas sociales utilicen los programas o recursos para condicionar votos o favorecer a un partido político en particular.
No es raro que el dinero destinado a programas sociales se use con el objeto de mantener clientelas políticas. La corrupción genera la prestación discrecional de los servicios gubernamentales, así como la asignación incorrecta de recursos públicos.
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