Ciudad de México.- Los 31 corralones con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) operan con opacidad y falta de transparencia, y aunque este año se espera obtener casi 258 millones de pesos por arrastre y almacenaje de vehículos, se ignora el destino de esos recursos.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Edgar Borja Rangel, comentó en entrevista que no hay respuesta oficial a las diversas solicitudes de la Asamblea Legislativa para que se le informe de los montos obtenidos, su destino y aplicación.
A la fecha hay cuatro empresas concesionadas que cuentan con 165 grúas, de las 226 autorizadas para operar en las 16 delegaciones políticas, a las que se les otorgó la concesión por adjudicación directa, sin licitación.
Borja Rangel sostuvo que en 2013, por concepto de Grúa y Almacenaje de Vehículo el gobierno local recaudó 240 millones 285 mil 820 pesos, por la remisión de 381 mil 104 automóviles a los corralones, y no se sabe qué porcentaje fue para el GDF y cual para las empresas concesionarias.
Para 2014 la recaudación por dichos rubros se estima de 257 millones 260 mil 320 pesos, “monto considerable del cual no se tiene registro de su destino”, y se estima que se remitirán 392 mil 764 vehículos, por lo que es necesario conocer el destino y aplicación de dichos recursos.
Detalló que con datos de 2013, hay mil 044 vehículos arrastrados y remitidos diariamente a los corralones.
El asambleísta de Acción Nacional cuestionó que si bien la implementación de grúas ha servido para descongestionar calles y avenidas de la ciudad de México, se pague más por el arrastre que por la propia infracción.
Si la infracción que amerita corralón, que es de mil pesos, se paga el mismo día, su monto se reduce en 50 por ciento, es decir queda en 500 pesos, mientras por el arrastre el conductor debe pagar casi 600 pesos, a pesar de que el objetivo no es obtener ingresos sino mejorar la circulación.
Además, de acuerdo con la Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal, los 31 corralones de la ciudad de México están al 90 por ciento de su capacidad, por lo que urge llevar a cabo otra chatarrización para liberar espacio.
De igual manera, según la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de la Asamblea Legislativa (ALDF), se han incrementado en casi 500 por ciento las quejas ciudadanas por el servicio de grúas y las condiciones en que los vehículos son conducidos a esos confinamientos.
Otros aspectos a subsanar y regular, son “la prepotencia de elementos de la SSDF que acompañan a los choferes de las grúas, además de transparentar el destino de los recursos obtenidos por la infracción, arrastres y almacenaje de vehículos.
Borja señaló que el destino de los recursos siempre ha sido un “’galimatías’”, no sabemos en qué se emplean, ni porque cada año se actualizan las tarifas respectivas, ni tampoco sabemos de la manera en que operan las concesionarias”.
Por ello, el integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso crear una Contraloría Ciudadana que verifique “cuántos automóviles ingresan diariamente a los corralones, que avale cuántos arrastres diarios se hacen”, y que supervise a las empresas concesionarias.
“También, especificar cuánto se va al gasto corriente del Distrito Federal, y cuánto es lo que obtienen las empresas concesionadas, pues pareciera que el objetivo del gobierno capitalino es hacer negocio a costa de los automovilistas, y no liberar las vías”, aseveró Borja Rangel.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Edgar Borja Rangel, comentó en entrevista que no hay respuesta oficial a las diversas solicitudes de la Asamblea Legislativa para que se le informe de los montos obtenidos, su destino y aplicación.
A la fecha hay cuatro empresas concesionadas que cuentan con 165 grúas, de las 226 autorizadas para operar en las 16 delegaciones políticas, a las que se les otorgó la concesión por adjudicación directa, sin licitación.
Borja Rangel sostuvo que en 2013, por concepto de Grúa y Almacenaje de Vehículo el gobierno local recaudó 240 millones 285 mil 820 pesos, por la remisión de 381 mil 104 automóviles a los corralones, y no se sabe qué porcentaje fue para el GDF y cual para las empresas concesionarias.
Para 2014 la recaudación por dichos rubros se estima de 257 millones 260 mil 320 pesos, “monto considerable del cual no se tiene registro de su destino”, y se estima que se remitirán 392 mil 764 vehículos, por lo que es necesario conocer el destino y aplicación de dichos recursos.
Detalló que con datos de 2013, hay mil 044 vehículos arrastrados y remitidos diariamente a los corralones.
El asambleísta de Acción Nacional cuestionó que si bien la implementación de grúas ha servido para descongestionar calles y avenidas de la ciudad de México, se pague más por el arrastre que por la propia infracción.
Si la infracción que amerita corralón, que es de mil pesos, se paga el mismo día, su monto se reduce en 50 por ciento, es decir queda en 500 pesos, mientras por el arrastre el conductor debe pagar casi 600 pesos, a pesar de que el objetivo no es obtener ingresos sino mejorar la circulación.
Además, de acuerdo con la Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal, los 31 corralones de la ciudad de México están al 90 por ciento de su capacidad, por lo que urge llevar a cabo otra chatarrización para liberar espacio.
De igual manera, según la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de la Asamblea Legislativa (ALDF), se han incrementado en casi 500 por ciento las quejas ciudadanas por el servicio de grúas y las condiciones en que los vehículos son conducidos a esos confinamientos.
Otros aspectos a subsanar y regular, son “la prepotencia de elementos de la SSDF que acompañan a los choferes de las grúas, además de transparentar el destino de los recursos obtenidos por la infracción, arrastres y almacenaje de vehículos.
Borja señaló que el destino de los recursos siempre ha sido un “’galimatías’”, no sabemos en qué se emplean, ni porque cada año se actualizan las tarifas respectivas, ni tampoco sabemos de la manera en que operan las concesionarias”.
Por ello, el integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso crear una Contraloría Ciudadana que verifique “cuántos automóviles ingresan diariamente a los corralones, que avale cuántos arrastres diarios se hacen”, y que supervise a las empresas concesionarias.
“También, especificar cuánto se va al gasto corriente del Distrito Federal, y cuánto es lo que obtienen las empresas concesionadas, pues pareciera que el objetivo del gobierno capitalino es hacer negocio a costa de los automovilistas, y no liberar las vías”, aseveró Borja Rangel.
Notimex
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