México, D.F.- Senadores del PRI, PAN y PRD impulsan reformas al Código Penal Federal para que, de manera excepcional, por sí o a petición de las Cámaras del Congreso o de la Suprema Corte de Justicia, el titular del Ejecutivo federal pueda conceder el indulto, por delitos de orden federal o común en el Distrito Federal, previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en que se demuestre que el sentenciado no representa peligro para la tranquilidad y seguridad públicas.
Este indulto debe ser en casos tales como cuando existan indicios consistentes de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y ello fue determinante para que le fuese imposible demostrar su inocencia. Cuando se constaten violaciones graves al debido proceso o existan elementos objetivos suficientes que acreditan la inocencia del sentenciado.
En estos casos, señala la iniciativa, el Ejecutivo deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.
En su resolución, el Ejecutivo otorgará el indulto, en su caso, sin condiciones adicionales, o con las que estimare convenientes.
En tribuna, para presentar la propuesta, el senador panista Javier Corral, a nombre de su correligionario Roberto Gil, y de los senadores Arely Gómez, del PRI, y Armando Ríos, Manuel Camacho y Angélica de la Peña, del PRD, dijo que el sistema de justicia en nuestro país tiene un hueco enorme, por el que inocentes son privados injustamente de su libertad.
“Nada lastima tanto la credibilidad de las instituciones como los casos en que se demuestra que inocentes están en la cárcel”, dijo Corral.
A manera de ejemplo, citó el caso de Alberto Patishtan Gómez, quien aún cumple una condena de 60 años, de los cuales lleva 13 recluido por delitos federales, y que –dijo— de acuerdo con la defensa y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no fueron debidamente probados ante el juzgador.
En este caso –añadió– existen violaciones graves a su derecho a la adecuada defensa y al debido proceso
En el proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 97 bis al Código Penal Federal, se establece que la intención es establecer una excepción a lo dispuesto en dicho artículo para atender los casos en que habiéndose concluido el proceso jurisdiccional penal correspondiente, existieran indicios de vulneraciones graves al debido proceso.
Lo que se busca, señala el texto, es hacer justicia en aquellos casos en que las violaciones procesales hubiesen sido tales que hubieren acarreado la imposibilidad de la persona sentenciada de defenderse, pero no así en los que se busque una forma de obtener impunidad.
En la iniciativa, se propone que el Ejecutivo federal solamente pueda otorgar este beneficio cuando alguno de los otros dos poderes federales constituidos así lo soliciten al Presidente de la República, siguiendo el ejemplo de lo ya aprobado en el artículo 4 de la Ley de Amparo.
Este indulto debe ser en casos tales como cuando existan indicios consistentes de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y ello fue determinante para que le fuese imposible demostrar su inocencia. Cuando se constaten violaciones graves al debido proceso o existan elementos objetivos suficientes que acreditan la inocencia del sentenciado.
En estos casos, señala la iniciativa, el Ejecutivo deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.
En su resolución, el Ejecutivo otorgará el indulto, en su caso, sin condiciones adicionales, o con las que estimare convenientes.
En tribuna, para presentar la propuesta, el senador panista Javier Corral, a nombre de su correligionario Roberto Gil, y de los senadores Arely Gómez, del PRI, y Armando Ríos, Manuel Camacho y Angélica de la Peña, del PRD, dijo que el sistema de justicia en nuestro país tiene un hueco enorme, por el que inocentes son privados injustamente de su libertad.
“Nada lastima tanto la credibilidad de las instituciones como los casos en que se demuestra que inocentes están en la cárcel”, dijo Corral.
A manera de ejemplo, citó el caso de Alberto Patishtan Gómez, quien aún cumple una condena de 60 años, de los cuales lleva 13 recluido por delitos federales, y que –dijo— de acuerdo con la defensa y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no fueron debidamente probados ante el juzgador.
En este caso –añadió– existen violaciones graves a su derecho a la adecuada defensa y al debido proceso
En el proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 97 bis al Código Penal Federal, se establece que la intención es establecer una excepción a lo dispuesto en dicho artículo para atender los casos en que habiéndose concluido el proceso jurisdiccional penal correspondiente, existieran indicios de vulneraciones graves al debido proceso.
Lo que se busca, señala el texto, es hacer justicia en aquellos casos en que las violaciones procesales hubiesen sido tales que hubieren acarreado la imposibilidad de la persona sentenciada de defenderse, pero no así en los que se busque una forma de obtener impunidad.
En la iniciativa, se propone que el Ejecutivo federal solamente pueda otorgar este beneficio cuando alguno de los otros dos poderes federales constituidos así lo soliciten al Presidente de la República, siguiendo el ejemplo de lo ya aprobado en el artículo 4 de la Ley de Amparo.
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