Los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local, José Luis Beato González, y de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope Servytur) de esta ciudad, Gerardo Cleto López Becerra, informaron que entregaron la petición al presidente de la Comisión de Gobernación de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias.
En entrevista, advirtieron en la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que si bien tiene una buena intención el fondo de capitalidad propuesta por el gobierno de esta ciudad para resarcir los daños ocasionados por las marchas, esto debe ir acompañado de su reglamentación.
Precisaron que la falta del marco jurídico en esta materia ha generado en la ciudad de México diversos abusos en detrimento de los derechos de los trabajadores, el cierre de vialidades, ataques a inmuebles públicos y privados y la interrupción de labores.
“En particular, los comerciantes y empresarios de la ciudad de México han registrado pérdidas millonarias a consecuencia de la permisividad con la que se han manejado los conflictos políticos y sociales”, señalaron Beato González y López Becerra.
Por ello, solicitaron a Granados Covarrubias que la reglamentación de las marchas incluya el derecho de tránsito de los terceros y la obligación de la autoridad de proteger a los ciudadanos para evitar agresiones, que puedan hacer sus actividades y desplazarse para llegar a sus destinos.
De igual manera, consideraron los dirigentes empresariales, esa normatividad debe dar instrumentos a la autoridad para hacer uso de la fuerza pública cuando sea necesario, y responsabilizarla cuando no tome las medidas necesarias.
Indicaron que los organizadores de las marchas deben avisar con al menos dos días de antelación del recorrido, su horario, el aforo esperado y el destino final, no podrán bloquear las calles y sólo podrán ocupar la mitad de las mismas cuando la asistencia sea muy elevada.
Beato González y López Becerra sostuvieron también que la autoridad podrá determinar cambios al recorrido cuando sea necesario por motivos de seguridad, así como informar del recorrido de las marchas mediante los medios de comunicación.
Además, la ley debe prohibir los bloqueos de vías de comunicación o en edificios y otros lugares públicos o privados, y se tiene que crear un sitio web donde la autoridad informe sobre las manifestaciones indicando el motivo de las mismas y los funcionarios responsables de atender las peticiones.
Notimex
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