México, D.F.- La totalidad de los senadores del PRD y una mayoría de Acción Nacional, identificada con Ernesto Cordero Arroyo, presentan hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su iniciativa en materia de reforma política.
El proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), será turnado a las comisiones unidas de Estudios Legislativos, Segunda, Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales del Senado, para su análisis y dictaminación correspondientes.
La propuesta de perredistas y panistas pretende la democratización del régimen político y la rendición de cuentas.
De su contenido, resaltan las siguientes propuestas:
Se incorpora el criterio de oportunidad, que implica la fiscalización durante las campañas políticas. Se regresa al Consejo General del IFE la potestad de supervisar los procesos de fiscalización, y establece como causales de nulidad de la elección el rebase de topes de campaña, sancionando con la pérdida del registro y de la candidatura.
Se establecen los lineamientos generales para la regulación de la propaganda gubernamental, como el tope presupuestal de 0.5 por ciento para destinar recursos a ese rubro respecto del total de los egresos del ejercicio, las medidas para evitar la censura indirecta, el reparto equitativo de tiempos del Estado, etcétera.
Se establecen los lineamientos generales para la regulación del régimen de los partidos políticos, así como para la regulación de las candidaturas independientes, como el acceso a prerrogativas y tiempos en radio y televisión.
Se ordena a los partidos políticos declarar cualquier vínculo de sus candidatos con grupos de interés que pudiera generar un conflicto. La sanción por omitir esta regla será la pérdida del registro.
Se crean las Juntas Comunitarias, democráticamente electas y con presupuesto, para permitir participación en la toma de decisiones en el ámbito municipal y definición de prioridades presupuestarias.
Se contempla la segunda vuelta electoral, con una regla de votación por mayoría absoluta con segunda votación entre los dos punteros para todos los cargos ejecutivos: Presidente, gobernadores y munícipes.
Se proponen instrumentos que garanticen la igualdad sustantiva de género en el ámbito social, económico, político y cultural, en los términos de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y que asegure la participación efectiva de la mujer en la toma de decisiones públicas.
Se crea la figura de jefe de Gabinete, quien será ratificado por el Congreso de la Unión, tendrá atribuciones para sustituir al Presidente en ausencias temporales, podrá presentar iniciativas de ley, coordinará el gabinete, conducirá las relaciones del Ejecutivo con otros poderes y entidades federativas. Como medio de control deberá comparecer mensualmente ante el Congreso.
Se establece la ratificación del gabinete y del programa de gobierno por la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso de la Unión. Se crea también un mecanismo de Moción de Censura, el que requerirá del voto de la mayoría absoluta de los presentes en la cámara, con posibilidad de petición de confianza, que podrá rechazarse por mayoría absoluta de integrantes de las cámaras.
Por último, se fija el deber del Ejecutivo de explicar ante el pleno de la cámara de origen las razones, fundamentos y fines de las iniciativas del gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo será aprobado por el Congreso y tendrá vinculación presupuestaria. Se establece la Estrategia Nacional de Seguridad, como instrumento rector en la materia, también bajo aprobación del Congreso y al mismo procedimiento se someten los tratados internacionales, así como los acuerdos ejecutivos e interinstitucionales y las convenciones diplomáticas en materia de seguridad.
Se establece la Intervención subsidiaria de la Federación, es decir, se prevé la posibilidad de que el Senado declare, en caso de grave alteración social, debilidad institucional, amenazas o riesgos a la seguridad o a la gobernabilidad democrática, así como de incapacidad manifiesta de los órdenes de gobierno locales para mantener la estabilidad política o social, que la Federación asuma de manera directa, temporal y subsidiaria el ejercicio de cualquier función que corresponda al orden local de gobierno.
Se crea la Fiscalía General de la República y fiscalías autónomas en los estados y en el Distrito Federal, con plena autonomía constitucional.
El fiscal será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado o de la Comisión Permanente. Se confiere autonomía también a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mediante la subordinación a la Fiscalía General de la República.
Se crea la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como organismo con autonomía. Se encargará, entre otras cosas, de la evaluación de las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza, a través de la verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas, así como sus metas y acciones para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Se plantea que todo servidor público pueda ser procesado penalmente en libertad. De ser condenado por sentencia ejecutoriada, será retirada la inmunidad.
Se propone la reelección legislativa y de autoridades municipales, legisladores federales y autoridades municipales hasta por 12 años.
En el caso de los legisladores locales sólo se elimina la prohibición para permitir que las constituciones estatales determinen lo conducente.
Desaparición de órganos electorales y servicio nacional de carrera del funcionariado electoral. Se faculta al Senado para declarar desaparición de órganos electorales locales, cuando se acredite su falta de imparcialidad, independencia y objetividad.
Además, se faculta al Congreso para expedir leyes del sistema nacional de carrera del funcionariado electoral, que establecerá un órgano rector con autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio para determinar ingreso, adscripción y permanencia de titulares de órganos administrativos electorales.
Se instrumenta la fiscalización a candidatos independientes. Se prevé la creación de la Comisión de Fiscalización integrada por consejeros.
Habrá fiscalización simultánea a campañas e in situ, así como del padrón de proveedores y costos para campañas y precampañas.
Flexibilización de entrega de materiales al IFE. Se regula la difusión de propaganda gubernamental durante procesos electorales y prohíbe la propaganda personalizada y sanciona con la cancelación de registro a concesionarios y permisionarios de radio y televisión
Obliga la asistencia a los debates, sancionando con multas severas la no participación. Establece la obligatoriedad de la transmisión.
Regula las encuestas imponiendo la obligación de revelar y publicar previo a su difusión la información sobre su financiamiento y características técnicas.
Regula con efectividad las candidaturas independientes, incorpora la figura en la Ley Electoral; crea un nuevo título al libro primero con el que desarrolla sus requisitos, derechos y obligaciones.Se pide apoyo regional en 16 entidades para Presidente y la mitad de los municipios para senador; prohíbe el registro bajo esta figura a miembros de partidos políticos; permite la deducibilidad al 100 por ciento de las aportaciones de personas físicas a las campañas. Confiere el acceso a tiempos en radio y televisión con dos modalidades:
a) Número total de candidatos independientes menor a 200: equivalente al tiempo que corresponde a un nuevo partido
b) Número total de candidatos independientes mayor a 200: equivalente al tiempo que corresponde al partido con menor representación.
El proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), será turnado a las comisiones unidas de Estudios Legislativos, Segunda, Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales del Senado, para su análisis y dictaminación correspondientes.
La propuesta de perredistas y panistas pretende la democratización del régimen político y la rendición de cuentas.
De su contenido, resaltan las siguientes propuestas:
Se incorpora el criterio de oportunidad, que implica la fiscalización durante las campañas políticas. Se regresa al Consejo General del IFE la potestad de supervisar los procesos de fiscalización, y establece como causales de nulidad de la elección el rebase de topes de campaña, sancionando con la pérdida del registro y de la candidatura.
Se establecen los lineamientos generales para la regulación de la propaganda gubernamental, como el tope presupuestal de 0.5 por ciento para destinar recursos a ese rubro respecto del total de los egresos del ejercicio, las medidas para evitar la censura indirecta, el reparto equitativo de tiempos del Estado, etcétera.
Se establecen los lineamientos generales para la regulación del régimen de los partidos políticos, así como para la regulación de las candidaturas independientes, como el acceso a prerrogativas y tiempos en radio y televisión.
Se ordena a los partidos políticos declarar cualquier vínculo de sus candidatos con grupos de interés que pudiera generar un conflicto. La sanción por omitir esta regla será la pérdida del registro.
Se crean las Juntas Comunitarias, democráticamente electas y con presupuesto, para permitir participación en la toma de decisiones en el ámbito municipal y definición de prioridades presupuestarias.
Se contempla la segunda vuelta electoral, con una regla de votación por mayoría absoluta con segunda votación entre los dos punteros para todos los cargos ejecutivos: Presidente, gobernadores y munícipes.
Se proponen instrumentos que garanticen la igualdad sustantiva de género en el ámbito social, económico, político y cultural, en los términos de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y que asegure la participación efectiva de la mujer en la toma de decisiones públicas.
Se crea la figura de jefe de Gabinete, quien será ratificado por el Congreso de la Unión, tendrá atribuciones para sustituir al Presidente en ausencias temporales, podrá presentar iniciativas de ley, coordinará el gabinete, conducirá las relaciones del Ejecutivo con otros poderes y entidades federativas. Como medio de control deberá comparecer mensualmente ante el Congreso.
Se establece la ratificación del gabinete y del programa de gobierno por la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso de la Unión. Se crea también un mecanismo de Moción de Censura, el que requerirá del voto de la mayoría absoluta de los presentes en la cámara, con posibilidad de petición de confianza, que podrá rechazarse por mayoría absoluta de integrantes de las cámaras.
Por último, se fija el deber del Ejecutivo de explicar ante el pleno de la cámara de origen las razones, fundamentos y fines de las iniciativas del gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo será aprobado por el Congreso y tendrá vinculación presupuestaria. Se establece la Estrategia Nacional de Seguridad, como instrumento rector en la materia, también bajo aprobación del Congreso y al mismo procedimiento se someten los tratados internacionales, así como los acuerdos ejecutivos e interinstitucionales y las convenciones diplomáticas en materia de seguridad.
Se establece la Intervención subsidiaria de la Federación, es decir, se prevé la posibilidad de que el Senado declare, en caso de grave alteración social, debilidad institucional, amenazas o riesgos a la seguridad o a la gobernabilidad democrática, así como de incapacidad manifiesta de los órdenes de gobierno locales para mantener la estabilidad política o social, que la Federación asuma de manera directa, temporal y subsidiaria el ejercicio de cualquier función que corresponda al orden local de gobierno.
Se crea la Fiscalía General de la República y fiscalías autónomas en los estados y en el Distrito Federal, con plena autonomía constitucional.
El fiscal será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado o de la Comisión Permanente. Se confiere autonomía también a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mediante la subordinación a la Fiscalía General de la República.
Se crea la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como organismo con autonomía. Se encargará, entre otras cosas, de la evaluación de las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza, a través de la verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas, así como sus metas y acciones para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Se plantea que todo servidor público pueda ser procesado penalmente en libertad. De ser condenado por sentencia ejecutoriada, será retirada la inmunidad.
Se propone la reelección legislativa y de autoridades municipales, legisladores federales y autoridades municipales hasta por 12 años.
En el caso de los legisladores locales sólo se elimina la prohibición para permitir que las constituciones estatales determinen lo conducente.
Desaparición de órganos electorales y servicio nacional de carrera del funcionariado electoral. Se faculta al Senado para declarar desaparición de órganos electorales locales, cuando se acredite su falta de imparcialidad, independencia y objetividad.
Además, se faculta al Congreso para expedir leyes del sistema nacional de carrera del funcionariado electoral, que establecerá un órgano rector con autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio para determinar ingreso, adscripción y permanencia de titulares de órganos administrativos electorales.
Se instrumenta la fiscalización a candidatos independientes. Se prevé la creación de la Comisión de Fiscalización integrada por consejeros.
Habrá fiscalización simultánea a campañas e in situ, así como del padrón de proveedores y costos para campañas y precampañas.
Flexibilización de entrega de materiales al IFE. Se regula la difusión de propaganda gubernamental durante procesos electorales y prohíbe la propaganda personalizada y sanciona con la cancelación de registro a concesionarios y permisionarios de radio y televisión
Obliga la asistencia a los debates, sancionando con multas severas la no participación. Establece la obligatoriedad de la transmisión.
Regula las encuestas imponiendo la obligación de revelar y publicar previo a su difusión la información sobre su financiamiento y características técnicas.
Regula con efectividad las candidaturas independientes, incorpora la figura en la Ley Electoral; crea un nuevo título al libro primero con el que desarrolla sus requisitos, derechos y obligaciones.Se pide apoyo regional en 16 entidades para Presidente y la mitad de los municipios para senador; prohíbe el registro bajo esta figura a miembros de partidos políticos; permite la deducibilidad al 100 por ciento de las aportaciones de personas físicas a las campañas. Confiere el acceso a tiempos en radio y televisión con dos modalidades:
a) Número total de candidatos independientes menor a 200: equivalente al tiempo que corresponde a un nuevo partido
b) Número total de candidatos independientes mayor a 200: equivalente al tiempo que corresponde al partido con menor representación.
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