Ciudad de México.- A menos de una semana de que la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado distribuyó los elementos para discutir el dictamen de la reforma anticorrupción, el PAN presentó una iniciativa sobre la materia similar a las propuestas de la Comisión.
La iniciativa, suscrita por los senadores, entre ellos Ernesto Cordero, Salvador Vega, Laura Rojas, sugiere la creación de la Fiscalía General de Combate a la Corrupción y de la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción.
La fiscalía tendría “las mismas atribuciones que las del Ministerio Público y, por lo tanto, la obligación de observancia de las garantías penales establecidas en la Constitución”.
Mientras que la comisión fiscalizaría la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos federales que realicen los servidores públicos federales y locales, así como los particulares, fideicomisos, fondos, mandatos o cualquier otra figura análoga y, en su caso, aplicaría sanciones administrativas.
En la nota que distribuyó la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el priísta Raúl Cervantes, la propuesta del PAN de alguna manera se contempla.
“Se crearía un órgano anticorrupción (federal y estatales) responsable de perseguir a la corrupción desde la perspectiva administrativa, dejando a las procuradurías el ámbito penal (mandato para la creación de fiscalías especializadas, con autonomía técnica)”, destaca la nota oficial.
Por lo tanto, se espera que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones (30 de abril), el Senado apruebe la reforma.
Mientras tanto, los senadores panistas explican que “desafortunadamente... en diversos ámbitos de gobierno, el actuar público ha sido rehén de la corrupción, originando desvíos en el ejercicio de la función pública, generando irritación en la ciudadanía”.
El Dictamen
La iniciativa, suscrita por los senadores, entre ellos Ernesto Cordero, Salvador Vega, Laura Rojas, sugiere la creación de la Fiscalía General de Combate a la Corrupción y de la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción.
La fiscalía tendría “las mismas atribuciones que las del Ministerio Público y, por lo tanto, la obligación de observancia de las garantías penales establecidas en la Constitución”.
Mientras que la comisión fiscalizaría la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos federales que realicen los servidores públicos federales y locales, así como los particulares, fideicomisos, fondos, mandatos o cualquier otra figura análoga y, en su caso, aplicaría sanciones administrativas.
En la nota que distribuyó la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el priísta Raúl Cervantes, la propuesta del PAN de alguna manera se contempla.
“Se crearía un órgano anticorrupción (federal y estatales) responsable de perseguir a la corrupción desde la perspectiva administrativa, dejando a las procuradurías el ámbito penal (mandato para la creación de fiscalías especializadas, con autonomía técnica)”, destaca la nota oficial.
Por lo tanto, se espera que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones (30 de abril), el Senado apruebe la reforma.
Mientras tanto, los senadores panistas explican que “desafortunadamente... en diversos ámbitos de gobierno, el actuar público ha sido rehén de la corrupción, originando desvíos en el ejercicio de la función pública, generando irritación en la ciudadanía”.
El Dictamen
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